ARMAS DE FUEGO Y DELINCUENCIA (1)

Enero 20-2010

Solo en el primer mes y medio del presente año (1 enero-15 de febrero) la Policía Nacional Civil decomisó 642 armas de fuego entre ellas, fusiles M16, AK-47 y granadas incluso para cohetes RPG7.

¿Cuántas vidas salvó la PNC al sacar de circulación estas armas? No hay que ser muy acuciosos para saberlo si se considera que el 76 % de los homicidios se cometen con estos aparatos letales.

No pocas vidas salvó la PNC si se trae a cuenta que en el mismo periodo, 394 asesinatos (9 diarios) fueron cometidos tras jalar un gatillo o explotar una granada.

La pregunta de rigor es ¿Cuántas vidas del promedio de 12 diarias que se pierden se salvarían si estuviese prohibido el uso de las armas de fuego? Para la mayoría de salvadoreños, según encuestas, la respuesta es obvia.

Una lectura de estos sondeos es que el accionar de la policía con relación a los decomisos de armas --a costa de arduo trabajo e incluso vidas-- ayuda definitivamente, pero no basta para minimizar el fenómeno de la delincuencia, menos para erradicarlo.

Otros datos que pueden contribuir a clarificar la situación son los siguientes: (A) se encuentran en circulación aproximadamente 500 mil armas, 216 mil 966 registradas, de ellas 122 mil 544 con permiso vencido.

(B) Existan 28 tiendas de ventas de armas –sin contar sucursales— lo que hace suponer que el número de armas crece día a día; (C) Diariamente son hurtadas, robadas o extraviadas 7.6 armas, cuyo uso no es difícil de adivinar.

Los datos son contundentes, los suficientes para afirmar, que en el universo de factores de riesgo, que sustentan la violencia y la delincuencia, las armas de esta naturaleza constituyen un factor nada despreciable.

Las balas están directamente relacionadas con la situación de violencia y delincuencia que tanto luto y dolor ha ocasionado y ocasiona a la sociedad y son responsables de que la economía no alcance el vuelo que reclama el empresariado.

Están directamente relacionadas con el fenómeno de la violencia y delincuencia cuyo costo supone el 11.5% del PIB. En fin está directamente vinculada con esa lacra que tanto nos avergüenza a nivel internacional.

No es casual entonces, que la mayoría de la población, conforme a encuestas, exprese que no está de acuerdo con la portación de armas de fuego, legales o no. La muestra más reciente, encargada por la Asociación de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP) a la consultora Research and Planning, estipula que el 74.4 % de la población está de acuerdo con el desarme total.

Sectores influyentes, como la Iglesia Católica, mas de algún periódico, ONGS, organismos importantes como COMURES y personalidades influyentes están en la misma coordenada de pensamiento.

No es fortuita la realización de acciones puntuales de veda de armas como la realizada hace un par de años por los municipios de San Martín e Ilopango, y como las que están llevando a cabo los concejos edilicios de San Salvador y Soyapango.

Ni que decir de las campañas realizadas por ONGs e iglesias como las denominadas: “Abajo las armas en El Salvador”, “Municipios Libres de Armas”, “Armas ni de juguete”, y “Zonas libres de armas”.

La mayoría de la población quiere que se prohíba el uso de las armas de fuego. Solo basta “desmontar la idea fantasiosa de que estar armado es estar más seguro”, como señaló La Prensa Grafica en su editorial del 17 de febrero pasado.

La mayoría de la población ha expresado a través de las encuestas que no está de acuerdo con la portación de esos terroríficos aparatos que tienen un gatillo, expulsan balas y matan, por lo que no estaría demás prohibirlas.



Y no está equivocada puesto que el 76% de homicidios que se registran a diario, así como robos, hurtos y demás, son cometidos con estos aparatos apestosos a pólvora.br>
Si ese sentir popular llegase en algún momento a ser estimado por los honorables hacedores de la Ley, y aprueban la veda de armas, los aplicadores de la misma, sin duda, trabajarán arduamente por echarla a andar como justo lo están haciendo ahora pero de forma limitada.