Como es sabido, La policía Nacional Civil y, en general, el sector justicia, promueven una campaña con miras a que la Asamblea Legislativa apruebe una normativa que permita prohibir las armas de fuego a nivel nacional.
La campaña “Cero Armas más vidas”, ha recibido el beneplácito de amplios sectores conscientes, de que para revertir la violencia y la delincuencia, se requiere de una respuesta integral.
Y para que exista integralidad hay que recurrir a todos los recursos. Uno de esos recursos vitales lo constituye la prohibición de armas de fuego a lo largo y ancho del país.
El hecho de que la policía promueva una iniciativa de este tenor tiene un valor incalculable por cuanto que nadie más que la corporación sabe por dónde aprieta el zapato. Así de simple.
¿Cómo no va ser una prioridad “el desarme” si cada ocho de diez homicidios son cometidos con armas de fuego, sin contar que con estos aparatos tambien se cometen otra serie de delitos como extorsiones, robos, hurtos etc.?
La misma población esta clamando por esta medida, cada vez con mayor ímpetu.
En todas las encuestas habidas y por haber en torno a este tópico la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas se ha pronunciado en contra. Para el caso citamos solo dos de los sondeos recientes.
Uno, patrocinado por la Asociación de la Empresa Privada, ANEP, arrojó que el 74.4 por ciento de la población está a favor del desarme. El otro elaborada por la Prensa Grafica concluye prácticamente lo mismo.
Sumemos a esto que en una cantidad considerable de gobiernos municipales, entre grandes y pequeños como San Salvador, Santa Tecla y San Martín, está vigente una ordenanza que prohíbe la portación.
Es de suponer que esos municipios han tenido que adoptar la determinación de recurrir a las normativas locales, ante la negativa, que hasta hoy han tenido los hacedores y hacedoras de la Ley para aprobar una norma que prohíba las armas de fuego escala nacional
Asimismo, todos los Organismos No Gubernamentales (ONG), iglesias (evangélica y católica) estan en desacuerdo con la tenencia y portacion de armas de fuego por parte de civiles.
No obstante, a este mar de opiniones existe una minoría que objeta la medida, sea porque su naturaleza es estar en contra de todo, sea porque no les conviene por algún motivo. En este grupo cabe un periódico mañanero.
Sus argumentos no tienen la más mínima sustentación estadística. Uno de ellos es la siguiente: dicen que si se aprueba un decreto en favor del desarme las personas honradas quedaran desprotegidas.
Ignorando, con ello, claramente, que la mayoría de delincuentes son expertos en el uso de las armas y no solo eso, es evidente que cuando atacan lo hacen por sorpresa.
Con sobrada razón la Prensa Grafica acotó en un editorial reciente: “Es iluso pensar que estando armado se está más seguro”.
El otro argumento falaz del que se ha hecho eco más de algún “criminólogo” es que, prohibir las armas no es la solución del flagelo. Este es el argumento más hueco, puesto que “el desarme” no es un fin sino un medio.
Lo que el sector justicia plantea es que las armas de fuego constituyen otro factor en la amplia gama de factores de riesgo que subyacen tras el fenómeno de la violencia y la delincuencia. Lo que está claro es que no es cualquier factor, así lo sostiene el pueblo y su policía.
Insistimos. Urge aprobar una legislación que permita prohibir la tenencia de armas a escala nacional, no hay ningún argumento de peso para no hacerlo.
Y este no puede ser cualquier decreto. Debe ser uno que ponga todos los candados para evitar que los delincuentes puedan tener un arma y, por consiguiente, utilizarla en contra de los ciudadanos, incluso de aquellos pocos que se oponen a una legislación que prohíba las armas en manos de civiles.(FIN).
Carlos Ramirez, Asesor de Comunicaciones de la Direccion General de la PNC
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